La Audiencia Provincial de Cceres absuelve al arquitecto municipal del Ayuntamiento de Trujillo, Manuel Ruiz Narciso, del delito de falsedad documental que le imputaba la Fiscala y la acusacin particular. Al arquitecto se le acusaba de favorecer al bar La Carbonera, un local de noche que lleva en funcionamiento desde 1981. El establecimiento solicit en 2003 una ampliacin de la licencia para convertirse en caf concierto y abrir ms horas durante la noche. Esa licencia fue concedida despus de que el propietario realizara las adecuaciones pertinentes, sin embargo la Fiscala sostena que esas obras nunca llegaron a realizarse y que la licencia fue concedida a sabiendas de ello. Sin embargo nada de eso ha sido probado por la Audiencia.

En el juicio, el acusado se defendi asegurando que no era l el que conceda licencias. La Fiscala solicitaba para l cuatro aos de crcel, tres y medio de inhabilitacin y una multa de 7.300 euros.

Segn la sentencia, la falsedad “se pretende acreditar con el contenido de otro informe que emite el mismo arquitecto en el mismo expediente porque entre estos dos informes no se aprecia tal contradiccin como para considerar que en el primero (primera solicitud de ampliacin de licencia del bar que no se concede) se omiti deliberadamente lo que consta en el segundo (en el que se dice que no hay por qu no dar esa licencia) porque en ese segundo no se dice que la obra no se haya hecho, ni que la llevada a cabo sea sustancialmente distinta de la que constaba en el proyecto, sino que una solucin constructiva para evitar un problema se ha sustituido por otra, pero se ha hecho”.

Solo con esto el Tribunal dice que “ya podemos adelantar que en esa primera certificacin el Tribunal no aprecia la concurrencia del delito de falsedad penal, los elementos omitidos en esa primera certificacin o informe que constan en la segunda no se refiere a datos esenciales de esa certificacin que son los que tienen relevancia penal conforme a la jurisprudencia”.

La juez desmonta esa idea de falsedad documental hasta en cuatro documentos y concluye que “no ha quedado acreditado que en las certificaciones emitidas por el mismo, y referidas en los escritos de acusaciones, concurrieran los requisitos de un delito de falsedad documental”.