El jefe comunal dijo que “uno no puede estar en todos lados en el mismo momento, por eso cada área tiene sus responsables”. Está imputado de habilitar un cabaré cuando una ordenanza lo prohibía.
El intendente de 25 de Mayo, David Bravo, fue indagado ayer en el Juzgado Federal por el delito de trata con fines de explotación sexual, en la causa en la que también están imputados otros tres funcionarios municipales, el juez de Faltas, dos comisarios y otras cinco personas vinculadas a los cabarés Venus o Bar Caribean.
El jefe comunal arribó al tribunal acompañado por su abogado Gastón Gómez y dio todas las explicaciones correspondientes ante la jueza Iara Silvestre. Fundamentalmente su defensa apuntó a demostrar que no podía ocuparse de todo y que las habilitaciones eran otorgadas por el sector Inspección General.
El fiscal Juan José Baric le imputó ser partícipe necesario del delito de trata de personas porque colaboró a su concreción cuando habilitó el cabaré a sabiendas qué actividades se realizaban allí, y luego de haber firmado una ordenanza que prohibía esos lugares en el ejido urbano.
Baric indicó en el pedido de indagatoria que en 25 de Mayo, en septiembre de 2010, se había aprobado la ordenanza 26/10 que prohibía la habilitación de cabarés, night clubs o whiskerías. Ese texto fue refrendado por Bravo, por lo que la decisión política de erradicar ese tipo de comercios “habla a las claras (de que) la presencia de lugares como los investigados en la localidad era sabida por todos”.

“Hasta el más distraído…”
Sin embargo, a los pocos meses, en enero, el intendente extendió la vigencia de la habilitación del cabaré Venus “claramente a sabiendas de que era ilegal, borrando de esta manera con el codo lo que firmó poco más de tres meses antes con la mano. Convirtió así en letra muerta aquella noble disposición”, indicó el fiscal.
Además sostuvo que “era altamente dudoso y hasta la persona más distraída habría notado que algo mínimamente extraño ocurría en el local”. Pero “Bravo no hizo nada y le permitió a una persona, sobre quien sabía que pesaba la sospecha de sostener un lupanar, realizar la apertura de otro ‘negocio’ en el mismo lugar, pero bajo otro rubro, adoptando una actitud que supera holgadamente la negligencia o la desidia”.
Las otras once personas que fueron imputadas son el secretario municipal Alberto Rubén Ferreira, la contadora María Celia Luases y el inspector Roberto Ramón Barros -todos ellos funcionarios comunales-; el juez de Faltas, Armando Rodríguez Huergo (ex funcionario municipal de Santa Rosa); los comisarios Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce; y los responsables del cabaré, Mayerlin Núñez Castillo, Evelyn Calderón Carballo, José Luis Carpio Caraballo, Teresa De La Rosa y Bryan Arnaldo Paradis Carballo.
Por este caso ya estaba imputada la propietaria del local, Nurys Caraballo Castillo, quien fue procesada junto a dos hombres por abrir un cabaré en General Pico, y permanece detenida en la Unidad 13.

“No sé porqué me citaron”.
“Un gobierno tiene funcionarios. El máximo responsable político en la provincia es el gobernador, pero (en el caso del megaestadio) se citó al ministro (de Obras Públicas, Jorge) Varela porque es su competencia específica; pero pareciera que en 25 de Mayo esta situación no es tenida en cuenta”, dijo Bravo al ingresar al juzgado. “Entonces, si en 25 de Mayo existe un organigrama en el municipio que establece las funciones de cada uno, y que apunta justamente a la descentralización de la función pública, no entiendo porqué fui citado si no tengo nada que ver con el sector de Inspección General. La delegación de facultades es el principio de la administración”, agregó.
“Uno no puede estar en todos lados en un mismo momento, por eso cada área tiene sus responsables. En la municipalidad hay muchos actores, pero siempre todo recae sobre el intendente. Sin embargo esto (por la autorización al cabaré) depende de Inspección General, igual que las habilitaciones comerciales”, remarcó el funcionario.
– ¿Considera que se cometió alguna irregularidad en la habilitación del cabaré?
– No, no puedo decir eso. Yo tengo que aportarle todo lo necesario a la justicia para que determine responsabilidades. Por eso estoy en condiciones de responder todo, aunque quisiera saber para qué me trajeron al tribunal. Yo no me escondo y no digo que no tengo nada ver. En 25 de Mayo no gobierna Bravo solamente, aunque curiosamente siempre me citan a mí.
– ¿Pero no sabía que allí funcionaba un cabaré?
– Las habilitaciones se dan a través de las áreas administrativas, sino tendría que dejar de ser intendente y dedicarme a ser inspector de Bromatología.
– ¿Cree que es una cuestión política?
– No. Lo política es para épocas electorales. Yo estoy preocupado por otras cosas que pasan en 25 de Mayo, porque puede haber 400 despidos en el área petrolera y vamos a tener un noviembre enrarecido y un diciembre caótico. Estoy preocupado porque tenemos 30 casas para entregar y no podemos hacerlo. Estoy preocupado porque veo en Acción Social gente que nunca había visto allí.
Bravo indicó, además, que “yo digo lo que pienso y no me hace falta colgarme de nadie para ganar elecciones. Mi único procesamiento es el de la gente, el de las urnas. y siempre salí victorioso”.

Dos horas y media.
La indagatoria se extendió durante dos horas y media, hasta las 14, y en ese acto Bravo dio todas las explicaciones posibles y respondió a todas las preguntas frente a Silvestre y al secretario Nicolás Casagrande. Además prometió que entregará documentación relacionada con una serie de notas que le envió al Concejo Deliberante sobre el tema.
El intendente dijo que no le constaba que en el bar Caribean funcionara un cabaré y cuando se lo interrogó sobre si no le llama la atención dentro del local, acotó -palabras más, palabras menos- que “pareciera que tampoco le llamó la atención a Migraciones, a Gendarmería, al fiscal y a la policía provincial”.

El recuerdo de Superman.
Bravo tiene una condena a siete meses de prisión en suspenso y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad, que aunque no está firme fue ratificada por el Tribunal de Impugnación. Se lo halló culpable de haber firmado en 2008 la resolución que permitió la apertura del cabaré El Rancho, donde se registraron casos de trata de personas, pese a que no se encontraba en condiciones de ser habilitado. Aquella vez dijo que “uno no puede ser Superman” para estar en todos lados. Ayer volvió a usar la misma frase.