La clausura preventiva del bar La Tienda, donde se lo vio por última vez a Gerardo Escobar antes de su desaparición y posterior muerte, fue cuestionada por los concejales María Eugenia Schmuck, Sebastián Chale y María Fernanda Gigliani, quienes pedirán su clausura definitiva. “Hay un tema que es la permanente violación a la ordenanza respecto al horario, al rubro. Hay varias denuncias por la presencia de menores, denuncias de los vecinos por las peleas afuera y adentro del boliche, y por venta de drogas”, dijo Schmuck a Rosario/12. La edila radical subrayó que ante los hechos de violencia, los encargados de la seguridad “no sólo que no frenaban la situación, sino que muchas veces eran promotores de la misma”. La concejala planteó que ante la reiteración de faltas “hay que aplicar la caducidad de la habilitación”. Por su parte, los ediles Héctor Cavallero y Lorena Giménez, pidieron conocer si el bar contaba con la habilitación necesaria.
La Tienda, ubicado en Tucumán al 1100, fue clausurado por la Municipalidad el pasado martes. Ayer, el secretario de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, señaló que la medida fue de “rutina” y que se aplica cada vez que ocurren hechos de violencia en los lugares de esparcimiento nocturno. Lo llamativo es que el funcionario explicó que cuando en otras oportunidades clausuraron el bar, ingresaron agentes encubiertos porque los patovicas daban aviso cuando se acercaban los inspectores para que cortaran la música y prendieran las luces.
“El dueño es un tipo pesado, que amenaza”, denunció Schmuck al referirse a César Yassogna, el propietario de La Tienda. “Los jóvenes que han ido alguna vez nos han manifestado que el ambiente es pesado”, reiteró la edila, quien promueve junto a Chale y Gigliani el pedido para la caducidad definitiva del bar.
La edila radical dijo que quisieron hacerlo cuando el joven Escobar desapareció, pero los familiares plantearon que en ese momento la prioridad era encontrarlo. Ahora, indicó Schmuck, avalan el pedido de la caducidad definitiva porque están convencidos de que “el boliche está metido, no sé si es así, habrá que esperar los resultados de la investigación, pero todo es muy llamativo”.
Los concejales Cavallero y Giménez pidieron conocer si el local contaba con la habilitación necesaria, y de ser así, conocer las condiciones de la misma. También quieren conocer quiénes son los propietarios. Quieren además tener un detalle de la cantidad de inspecciones realizadas por el municipio, el rubro bajo el cual está habilitado, actividades, capacidad de ocupación y si todo está acorde a lo establecido en la ordenanza de Espectáculos Públicos.
Para el apoderado de La Tienda, Maximiliano Nicosia, la clausura obedece a razones políticas: “Tomar esta medida, en este momento, no correspodne porque parece que se lo pone al bar en un lugar que no le toca”.