El Diputado del Congreso del estado de Chiapas y candidato a la Alcaldía de Tapachula, Neftalí del Toro, está en el epicentro de la polémica en el país por ofrecer descuentos en bares de esa localidad fronteriza con Guatemala con graves problemas de trata de personas y prostitución de menores.
Una fuente de la Oficina de Gestión de Enlace de Del Toro, perteneciente al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló a Efe las características de la iniciativa, abierta a todos los ciudadanos y que incluye rebajas de tarifas en establecimientos de muy diversa clase.
Los locales incluidos en esas ventajas, materializadas en un bono llamado “Tarjeta de la gente”, van desde una peluquería hasta una tienda de accesorios de telefonía móvil, una clínica veterinaria, un gimnasio, pasando por una panadería.
También hay -y allí radica la controversia- varios bares que venden bebidas alcohólicas en la ciudad, ya de por sí famosa por el elevado consumo de esos productos, sobre todo de cerveza, vinculado a sus elevadas temperaturas pero también a la cantidad de locales de esa índole por su carácter de lugar de paso.
Según estadísticas difundidas por medios de comunicación de Chiapas, Tapachula cuenta con 1.552 bares para sus 320.000 habitantes.
Organizaciones de derechos humanos consideran esa ciudad un foco rojo por ser uno de los principales puntos de paso de la ola migratoria de Centroamérica a Estados Unidos por territorio mexicano.
A consecuencia del ruido generado por la publicación de la historia en los diarios mexicanos, Del Toro se defendió en su cuenta de la red social Twitter, acusando a los medios de comunicación de propinarle “golpes bajos” con esas críticas.
Recordó que la iniciativa ha logrado “10.000 registrados en una semana” y aseguró que existe desde hace dos años.
“Respeto todas las opiniones de la tarjeta. Yo se la entrego a cada ciudadano y él decide para qué usarla, desde médicos, restaurantes, hoteles”, indicó en Twitter el diputado local, que en ningún momento se planteó la posibilidad de que la iniciativa pudiera verse como una forma de comprar el voto.