Por remoción ilegal de vegetación

Christian TREJO

TULUM, 21 de octubre.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró nueve proyectos turísticos ubicados dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Tulum, en Quintana Roo, por remoción ilegal de vegetación de selva baja, matorral, duna costera, con afectación a flora y fauna silvestre.

Inspectores federales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales del organismo llevaron a cabo inspecciones a los proyectos y desarrollos turísticos, de los cuales cinco fueron en materia de impacto ambiental y cuatro en materia forestal.
Durante las diligencias realizadas del 15 al 19 de octubre, se inspeccionaron los proyectos Kitchen Table Grill/Bar; Aline Claire More Blanc; Las Palmas; Ecovillas Alux; Camping Revolución Restaurante Pancho Villa; Bar Adelita.
Así como otros tres planes sin denominación y que no cuentan con las autorizaciones correspondientes para su edificación y están asentados dentro del “Parque Nacional Tulum”.
Personal de oficinas centrales de la Profepa constató la afectación de una superficie aproximada de 37 mil 615 metros cuadrados, donde se removió vegetación de tres ecosistemas muy importantes para la regulación climática, como las selvas bajas, el matorral costero y la duna costera.
Esos ecosistemas se distribuyen a manera de una franja paralela a la línea del litoral, en el límite Noreste de la Península de Yucatán, donde interactúan especies como el Sikimay; Pantzil; Lirio de playa; y Riñonina.
Además, Uva de mar, la Palma Chit y la palma Nakax, las cuales se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con asociación de las especies Copite y Phitecelobium.
La importancia de proteger esas áreas costeras radica en que hacen frontera entre océano, continente y atmósfera, tienen una dinámica muy compleja y constituyen el hábitat, sitio de anidación y reproducción de muchas especies de fauna silvestre.
También son hábitat de especies vegetales de tipo rastrero, herbáceo y arbustivo, que ayudan a minimizar los daños por los efectos provocados por las tormentas y desempeñan un papel muy importante en el control de la erosión.
Derivado de los procesos instaurados anteriormente, la Profepa dictará medidas de urgente aplicación para restaurar y compensar los daños ocasionados a los ecosistemas.
Además impondrá multas que pueden rebasar los 20 mil días de salario mínimo y elaborará denuncias penales que se sancionan hasta con 10 años de cárcel.