El gobierno capitalino pretende que el inmueble ubicado en la calle de Lancaster número 27, en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc, se convierta en un centro de asistencia social (albergue o casa hogar) .
Este lugar, ahora propiedad de la administración capitalina, antes era el Bar Heaven, sitio de donde el pasado 26 de mayo de 2013 fueron secuestrados y posteriormente asesinados 13 jóvenes de Tepito.
Deudos y diputados locales solicitaron a la administración local que el inmueble se convierta en un centro social de apoyo a víctimas de secuestro.
De acuerdo con autoridades capitalinas, lo que era el Bar Heaven es uno de los 57 predios que eran ocupados por las organizaciones delictivas para realizar actividades ilícitas, y que ahora forman parte del mobiliario urbano del gobierno capitalino gracias a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio que está en vigor desde 2009, y que es el instrumento jurídico para quitarle sus bienes a la delincuencia.
Sin embargo, esta cifra apenas representa el 50 por ciento del total de juicios concluidos en donde se busca aplicar esta figura jurídica, con la que se pretende “golpear” financieramente a las organizaciones delictivas.
En estos seis años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contabiliza 233 juicios sobre extinción de dominio, en 114 ya hubo sentencia: 57 fueron dictados a favor del GDF y 57 para los propietarios de los predios.
Por esta razón, la dependencia capitalina se dijo a favor de hacer una modificación a esta Ley para flexibilizar los tiempos —que son un poco largos— a la hora de buscar quitarle sus bienes a la delincuencia.
“Creo que podría plantearse alguna reforma en el Código Procesal Civil que permitiera aligerar la tramitación, siempre considerando el derecho de defensa y debido proceso. Con una reforma quizás, se puede reducir el plazo para dictar el auto admisorio, para contestar la demanda, para aportar pruebas, sí, eso se puede, sólo es cuestión de que los legisladores pudieran considerar esa parte”, comentó a Crónica el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Jorge Antonio Mirón Reyes.
Comentó que un juicio de extinción de dominio puede desahogarse en un plazo de cuatro a seis meses, pero se puede alargar por años debido a las impugnaciones que se presenten, por lo que insistió en la necesidad de poder agilizar estos trámites, sie4mpre y cuando —recalco— se respete el debido proceso.
QUÉ ES. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite que en su interior ocurrió un hecho ilícito de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Si durante el desarrollo del juicio se comprueba que el propietario del inmueble sabía que el predio era utilizado para actividades delictivas, aplica esta ley, de lo contrario, el inmueble continuará siendo de su propiedad.
“Hay casos en donde el dueño del inmueble no es a quien se le atribuye la conducta delictiva, en estos casos deberá acreditar que adquirió su predio de manera lícita, que no tenía conocimiento de que en su predio se realizaban esas conductas delictivas, si él logra acreditar estas circunstancias, no opera la extinción de dominio”, comentó el subprocurador.
De darse la extinción de dominio, una comisión integrada por la Oficialía Mayor, la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias, se reúne para establecer el destino de este inmueble.
“Hay bienes que se han destinado a algunas oficinas públicas, hay bienes que se han destinado a agencias del Ministerio Público, hay bienes que se han destinado a la Sedeso, por ejemplo”, concluyó Jorge Antonio Mirón Reyes.
En lo que va del año se han presentado 20 demandas de acción de extinción de dominio: cinco en Gustavo A. Madero, cuatro en Iztapalapa, tres en Iztacalco, dos en Coyoacán y uno en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tláhuac.
Uno de los casos más emblemáticos en donde se ha aplicado la extinción de dominio es en el predio en donde se encontraba el Hospital Central Oriente, en donde se descubrió que operaba una red de tráfico de niños.
En este inmueble ubicado en el número 491 de la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, se busca edificar una clínica, aunque el lugar permanece abandonado a pesar de ya ser propiedad del gobierno local.
También lo que era el Bar Heaven se encuentra abandonado a la espera de que algún día puedan servir a los capitalinos.

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