explotar una concesión administrativa en la capital alavesa no sale rentable, al menos en las condiciones que establece el Ayuntamiento de Gasteiz. El lunes pasado se conocía que el concurso para regentar la cafetería, el restaurante y el quiosco de la estación de autobuses de la plaza Euskaltzaindia ha quedado desierto, pero no es la única instalación hostelera pública que despierta los recelos del sector. El concurso para la adjudicación de la cafetería-restaurante del palacio Europa, que incluye la jugosa tarea de preparar el catering para los congresos que albergue el nuevo centro de convenciones, también ha quedado desierto. El pasado viernes venció el plazo para la presentación de ofertas en las oficinas municipales de la calle Olaguíbel sin que nadie se acercará por allí a pujar por este servicio.

“Esto es una muestra más de la forma de hacer las cosas del PP, el equipo de gobierno tendrá ahora que volver a licitar la cafetería con el coste que ello conlleva, además de rebajar el canon”, lamentaba ayer el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, quien apuntaba al pliego de condiciones como la raíz de la falta de interés por esta concesión que, a priori, parece un buen negocio. “Nadie se va a interesar por un establecimiento en el que hay que pagar 3.000 euros al mes más un 5% de la facturación, y encima invertir un mínimo de 360.000 euros en equipamiento”, señalaba Urtaran, quien lamentó que estas actuaciones no hacen sino contribuir al déficit del Ayuntamiento.

Efectivamente hay mucho que arriesgar para meterse a poner comidas y cafés en el Europa. Las citadas inversiones deben estar completadas al 80% en un año desde que se firme el contrato, que establece una vinculación entre el Ayuntamiento y el empresario adjudicatario de 15 años de duración. Además, en un plazo de seis meses desde que se formalice la relación contractual la cafetería y el restaurante deben estar ya operativos.

No sólo eso, también hay que acreditar un volumen total de negocio en el mundo de la hostelería (y específicamente del catering) de al menos 250.000 euros en los tres últimos ejercicios, para cada uno de ellos, una experiencia que hay que acreditar mediante la correspondiente documentación.

Además, el adjudicatario se enfrenta a sanciones de hasta 750 euros para las infracciones leves que recoge el pliego de condiciones, de hasta 1.500 euros para las graves, que pueden acarrear además la pérdida de la exclusividad en la prestación de los servicios, e incluso la suspensión del contrato por un plazo de hasta seis meses.

Las infracciones muy graves se castigan con sanciones de hasta 3.000 euros y contemplan también la posible pérdida definitiva de la exclusividad o la resolución definitiva del contrato, con pérdida de la fianza depositada.

Recientemente se han producido más casos de concursos municipales que han quedado desiertos. Ese fue el caso del quinto y último contrato de la obra del centro de mayores de Lakua-Arriaga, cuya postrera licitación deberá rehacerse en busca de empresas interesadas.

Urge hacerlo, pues el Ayuntamiento debe presentar certificaciones de obra al Gobierno Vasco ates de fin de año si quiere que la institución que preside Iñigo Urkullu pague esta inversión. Para eso se sacaron cinco contratos a concurso, y no uno, según afirmó recientemente la concejala de Espacio Público Leticia Comerón. La oposición, por su parte, criticó que el equipo de gobierno fragmentara un contrato de tan escasa cuantía, que contaba con el aval de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El interventor, por su parte, expresó sus reparos ante la operación, aunque no la paralizó.