i. moure

El bar de Magaluf (Calvià) donde se grabó el vídeo de una felación colectiva que causó un estruendoso escándalo político y mediático sigue abierto, a la espera de que se resuelvan las alegaciones presentadas por la propiedad contra la sanción interpuesta por el Ayuntamiento. El Consistorio anunció a finales del mes pasado que había impuesto tanto al propietario del bar como a la empresa organizadora (Carnage Magaluf) una multa de 12 meses de cierre del local y de la actividad y una sanción económica de 55.000 euros.

En la misma situación administrativa (pendiente aún de la resolución de las alegaciones) se encuentra otro bar de Magaluf, en la calle Pinada, al que el Ayuntamiento sancionó con un año de cierre por exceso de aforo durante una excursión alcohólica, lo que se conoce como pub crawling. En este caso, la sanción ascendió también a la cantidad de 55.000 euros.

Fuentes empresariales conocedoras de este tipo de resoluciones administrativas informaban ayer de que el proceso para hacer efectivo el cierre puede dilatarse en el tiempo. Tras la resolución de las alegaciones, explicaron, a los sancionados aún les quedaría la posibilidad de acudir a la vía de un recurso de reposición.

Luego, si sus argumentos son rechazados, tendrían la opción de entrar en la esfera judicial a través de un contencioso-administrativo. Estas fuentes explican que una vía para acelerar el cierre efectivo sería un decreto de alcaldía específico, lo que también podría ser objeto de recurso judicial.

“¿Por qué esa laxitud?”
La situación de estos dos locales, el Playhouse (sancionado por albergar, según el expediente municipal, la felación colectiva) y el Eastenders (multado por superar el aforo durante una excursión alcohólica), ha generado críticas por parte de la oposición municipal socialista. “No es de recibo que el equipo de gobierno venda que va a llevar a cabo ‘medidas ejemplares’ en Punta Ballena y no cumpla”, sostuvo ayer el PSOE local. “Seguimos sin entender por qué esa laxitud y qué intereses tienen o mueven al Ayuntamiento para ni siquiera cumplir con lo que anuncian. El equipo de gobierno del PP sigue realizando medidas de ‘maquillaje’ mediático sin abordar la realidad de la zona”, agregaron los socialistas.

Presencia de menores
En el caso del Playhouse, el ayuntamiento de Calvià se amparó en que en el local se podrían haber vulnerado artículos de la Ley de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades, además de vulnerar derechos de personas menores de edad, algo que se rechazó desde la empresa organizadora del evento. La representación legal de la compañía argumentó que la resolución municipal se basaba en suposiciones al no acreditar la presencia de menores en el bar.