Carlos Walter Barbarich / La Capital
Tres hombres mayores de edad comenzarán a ser juzgados a partir del lunes que viene por el delito de facilitamiento y explotación económica de la prostitución, agravado porque una de las víctimas era menor de edad. Los tres imputados, cuyas iniciales son G. L., G. P. y M. B. llegan al juicio oral y público a raíz de la investigación realizada por la Unidad Fiscal Melincué, a cargo del fiscal Matías Merlo.
El lugar en cuestión se llamaba El Encuentro y allí se ejercía la prostitución. El caso había causado una fuerte conmoción en la pequeña localidad de Melincué.
El tribunal que juzgará a las tres personas estará compuestos por los jueces de Venado Tuerto, Jorge Jaúregui, Benjamín Révori y Silvina Marinucci. Está previsto que el juicio se extienda hasta el viernes 26 de este mes, y se estima que en la primera semana de julio —antes de la feria judicial de invierno— se dará a conocer la sentencia.
G. L. y G. P. eran los propietarios del bar nocturno El Encuentro que funcionaba en Melincué y era el lugar en el que se cometía el delito. En tanto, M. B. era el propietario del inmueble. Las penas solicitadas por el fiscal Merlo son de 18 años y seis meses para G. L., 17 años para G. P. y tres años y ocho meses para M. B.
En la investigación había un cuarto imputado, identificado como Luis Biscarra, quien ya fue condenado en un juicio abreviado que acordaron su abogado defensor, Lionel Corti, con el fiscal Merlo. Biscarra había prestado colaboración en el bar El Nocturno hasta septiembre de 2013. La condena fue a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de facilitamiento y explotación económica de la prostitución, en calidad de partícipe secundario.
Trabajo. La investigación de la Fiscalía se inició tras una denuncia realizada en febrero de 2014 por la Fundación Marita Verón ante la dirección de Trata de la provincia. A partir de allí se inició un trabajo conjunto que derivó en un allanamiento efectuado el 25 de mayo de 2014 en el inmueble en el que funcionaba el bar El Nocturno.
En esa ocasión, había 15 mujeres de distinta nacionalidad —entre ellas, una menor de edad— y unos 20 hombres que eran clientes del lugar. Esa noche fueron detenidos G. L. y G. P., a quienes se les dictó prisión preventiva y hoy tienen arresto domiciliario.
Del desarrollo de la investigación, también surgió la participación delictiva de Biscarra, quien había prestado colaboración en el bar desde el comienzo de las actividades —junto a G. L. y G. P.— hasta septiembre de 2013. En relación a M. B. —propietario del inmueble—, para la Fiscalía tuvo una participación secundaria en el hecho, ya que alquilaba el local a un precio mayor de mercado a raíz de la actividad ilegal que se hacía en el lugar. Además, se habían realizado procedimientos policiales en el mismo sitio en 2012.
Setenta testigos. Está previsto que declaren 70 testigos. Además, el fiscal Merlo pidió el decomiso del inmueble donde funcionaba el cabaret; el decomiso de otros inmuebles propiedad de G. L. donde eran alojadas las mujeres y que eran usado como privados; automotores que eran empleados para transportar a las mujeres. Además se secuestraron 140 mil pesos, y la Fiscalía pidió que, en caso de proceder al decomiso del dinero, se destine a programas de asistencia para mujeres víctimas de delitos de facilitamiento y explotación económica de la prostitución.
Merlo recordó que G. L. además está imputado por el delito de lavado de activos. “En 2013 y 2014, el dueño del cabaret adquirió bienes por unos dos millones de pesos, y los ponía a nombre de su ex concubina y de su madre. Se trata, entre otros bienes, de dos camiones marca Fiat Iveco y un acoplado. Además, construyó tres departamentos, los cuales eran usados como “privados” por las mujeres que explotaba sexualmente.
Pese a que se trata de un delito que es jurisdicción federal, Merlo hizo las presentaciones a raíz de que “hay que distinguir los casos de narcotráfico, o de organizaciones que crean empresas fantasmas o que hacen operaciones comerciales complejas en paraísos fiscales. En esos casos sí se afectan intereses económicos de la Nación”.
En tal sentido añadió que “en el caso que estamos investigando, en el que el ilícito precedente es de competencia provincial, las operaciones para insertar los bienes al mercado se realizaron sólo en el ámbito de la localidad y la región, por lo tanto, es claro que no hay interés jurídico federal”. La Justicia falló a favor del pedido de Merlo, por lo cual G. L. también será juzgado —en otro juicio en fecha a confirmar— por delito de lavado de activos en el ámbito provincial.