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El Diario | 19:05

Los cuatro empleados del bar Pink Lady’s quedaron en libertad ayer al dictar un Tribunal de Garantía un auto de no vinculación a proceso, luego de que las mujeres que el Ministerio Público dijo eran víctimas se presentaron ante el juez para señalar que únicamente ellas se beneficiaban de su trabajo como sexoservidoras.

Por lo que el Tribunal determinó que no se configuraba el delito de lenocinio y ordenó poner en libertad a David Hinojos Escobar, guardia del negocio; Inés Carlos Flores Hernández, guardia; Gilberto Serrano Terrazas, mesero y Jorge Antonio Serrano Terrazas cajero y encargado. Al conocer la noticia los familiares de los acusados se mostraron felices pues desde un inicio consideraron que la actuación de la autoridad fue ilegal.

“Estamos bien contentos, felices, porque veíamos bien dura la acusación y gracias a Dios y a los abogados, el juez fue consciente de que no había delito, hizo bien su trabajo”, dijo la esposa de Jorge Antonio Serrano Terrazas.

En la formulación de cargos, realizada el domingo pasado, una agente del Ministerio Público dijo que estas personas así como Alberto Terrazas Nava –quien quedó libre ese mismo día– habían obtenido una ventaja financiera procedente de los servicios sexuales de siete mujeres.

La fiscal dijo que desde el año 2009 y hasta el pasado 15 de mayo Hinojos Escobar, Flores Hernández, los hermanos Serrano Terrazas y Terrazas Nava habían estado recibiendo dinero por parte de las mujeres que trabajan en el bar y quienes también se prostituyen.

Pero las mujeres fueron citadas a declarar ante el Tribunal de Garantía y refirieron que nadie se beneficia del dinero que ellas obtienen al prostituirse, con lo cual exoneraron de responsabilidad a los detenidos. De las siete mujeres señaladas como víctimas, cinco comparecieron ante el juez y coincidieron en señalar que su trabajo en el bar Pink Lady´s, ubicado en la colonia Barrio Alto, es acompañar a los clientes mientras consumen bebidas alcohólicas y si ellas desean pueden sostener relaciones sexuales con los parroquianos.

En la audiencia de ayer –que fue una continuación de la iniciada el jueves– la defensa también presentó un permiso del área mencionada por las mujeres como las habitaciones que utilizan para prostituirse y en este documento se establece que se trata de una casa de huéspedes y la persona que ostenta la propiedad no es ninguno de los detenidos.

Además el juez dijo que las siete mujeres que eran mencionadas por el Ministerio Público como víctimas prácticamente fueron forzadas a rendir declaración. Finalmente concluyó que no había pruebas en su contra.