El día que caminó con un colchón bajo su brazo hacia las celdas de la cárcel El Buen Pastor, en Desamparados, la mujer comprendió finalmente que estaría presa a pesar de ser inocente de una acusación por venta de drogas.

El 28 de noviembre del 2013, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada detuvo a esta asistente de contabilidad, de 32 años, y pidió prisión preventiva para ella al vincularla con una banda que vendía estupefacientes en un bar capitalino.

El encierro, avalado por un juzgado, se extendió en total por siete meses, hasta que el pasado 18 de junio, el Tribunal Penal de San José la absolvió por certeza de toda responsabilidad.

Las juezas Ana Patricia Araya, Laura Murillo y Lorena Blanco determinaron que la mujer nunca debió ser aprehendida pues lo que hizo “fue presenciar, lo que no es esencial con relación a la acción típica desplegada en el bar, pues no pasa de ser una simple acción propia de una espectador”.

Ella contó a La Nación que tenía menos de un mes de laborar en el local. “Yo iba frecuentemente a ese bar. Había terminado un servicio de contabilidad (en una empresa) y una de las que trabajaba en el bar se fue. Entonces, la administradora me dijo que si podía ayudarle”, relató en condición de que se reserve su identidad.

El Tribunal tomó la decisión luego de que el mismo fiscal que presentó el caso, Arturo Salvador Zúñiga, pidió la absolutoria.

“(…) no existe una sola prueba que ligue a la misma (sic) con la actividad delictiva que se realizaba en el bar”, apuntaron las juezas, quienes ordenaron liberar a la mujer, en tanto otras dos imputadas, de apellidos Villegas y Mayorga, fueron condenadas.

Además, en su resolución acordaron “comunicar a la Inspección Fiscal la arbitraria y tendenciosa actuación del fiscal Arturo Salvador Zúñiga en perjuicio de las garantías fundamentales de la ahora absuelta por certeza”.

La oficina de prensa del Ministerio Público indicó ayer que la Fiscalía Adjunta “analizará esta semana la sentencia integral del caso con el fin de determinar si existió o no alguna situación irregular en la elaboración de la acusación”.

Encierro. El sufrimiento para la mujer empezó la tarde de ese 28 de noviembre del año pasado, cuando las autoridades allanaron el bar.

“Yo repartía la cerveza, era mesera. Ese día no había nadie en el bar. Llegaron dos personas, dos policías, se veía que eran policías, se sentaron en la barra, pidieron un par de cervezas, me pagaron y se quedaron un rato.

”Cuando me fijé, (otros policías) habían botado el portón y entraron diciendo que era un allanamiento. Yo me fui para atrás. Apresaron a dos muchachas (…). Llegó alguien a donde mí y me dijo que subiera las manos, después otro que las bajara. Me dijeron que habían recibido una llamada anónima que decía que ahí se vendía droga. Me dijeron: ‘Firme aquí’. Yo volví a ver una hoja de allanamiento que tenía cuatro nombres y el mío no venía. Le dije: ‘¿Me va a arrestar a mí?’ Y la policía que me tenía esposada me dijo: ‘No muchacha, con usted no es’”, recordó.

Avanza en su relato y rememora que, para cuando el registro al negocio estaba por concluir, ella le habló a la agente que la custodiaba y le pidió que la soltara.

“Entonces el fiscal, este señor Salvador, dijo: ‘No, a ella la requiere la justicia también’. Pensé que me llevaban a declarar y ya”.

Durante el debate, los investigadores del Organismo de Investigación Judicial admitieron que ni en los seguimientos previos, ni el día del operativo, observaron a la afectada vendiendo droga.

“Fue algo horrible para mí y mi familia. Ahí te quedás encerrado, arriba es metal, abajo es metal. Llegás a acostumbrarte a orinar donde a la par hay privadas, a bañarte solo con una cortina. Fue injusto. Yo hubiese colaborado”, agregó la mujer, quien ahora, absuelta, analizará junto a sus allegados si interpone una demanda contra el Estado.