POR JOSÉ LUIS ROJAS
Al confirmar comerciantes establecidos y prestadores de servicios del municipio de Yautepec la muerte de los dos hombres que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado el pasado lunes cuando presuntos miembros del crimen organizado incendiaron dos bares porque se negaban a pagarles “el derecho de piso”, exigieron a las autoridades federales que intervengan para garantizar la paz y tranquilidad de todo el pueblo ante la sospechosa incapacidad de las autoridades locales.
De manera anónima, familiares de las víctimas revelaron que este jueves por la mañana lograron saber que había muerto el hombre que ellos creen que llevó en vida el nombre de José Luis Chávez Nava, de entre 35 y 40 años de edad, ya que cuando se lo llevaron herido por las quemaduras, se le cayó una tarjeta de crédito con ese nombre; sin embargo, aclararon que no saben exactamente cuando murió por el hermetismo con que han pretendido manejar estos hechos las autoridades.
Señalaron que en el caso de la primer víctima que fue J. Guadalupe Castañeda Camacho, de 73 años de edad, vecino de la colonia Ignacio Bastida, de Yautepec, éste murió la tarde del martes en el hospital del Seguro Social, de la avenida Plan de Ayala, de Cuernavaca, a las 15:25 horas, pero sólo se enteraron de esto un día después.
Los prestadores de servicios de Yautepec explicaron que los dos hoy occisos se encontraban el lunes alrededor del mediodía desempeñando sus labores en el bar “La Sirenita”, que se localizaba en pleno centro de Yautepec, hasta donde llegaron dos sujetos armados cargando con un bote de pintura, pero lleno de gasolina, mismos que rociaron el lugar y le prendieron fuego sin importarles que los dos trabajadores estuvieran dentro y se quemaran.
Ese mismo día, se supo que con algunos minutos de diferencia, otro bar denominado “El Rincón de los Mandilones”, localizado en la colonia Estrada Cajigal, fue incendiado por los mismos delincuentes y por las mismas causas, sin que la policía pudiera detener a los criminales.
Por estos hechos que han costado la vida a dos hombres y que son consecuencia de la incapacidad de las autoridades de combatir a la delincuencia organizada, pues prácticamente todos los prestadores de servicios, comenzando por los bares y los comercios establecidos, están siendo amenazados por los criminales y ahora aterrorizados para obligarlos a pagar “el derecho de piso”; los afectados exigieron la intervención de las autoridades federales.
Revelaron no confiar ya en la administración del alcalde de extracción perredista, Agustín Alonso, luego de que “es un secreto a voces que su hijo, del mismo nombre, apodado “El Gagollas”, tendría que ver con el actuar impune de la delincuencia”.