Ayer, a las cuatro de la tarde, Julieta Pérez Canto trasladó a su hijo Alejandro Quero Pérez al Centro Médico de las Américas (CEMA) para pedir una segunda opinión sobre sus lesiones, ya que lo que más le preocupa es que el oído no deja de sangrar.

Según dijo, aún no recibe respuesta de los encargados del bar “+D30”, donde trabajaban los agresores de su hijo; el negocio mandó un comunicado de prensa donde dice que es una empresa con más de ocho años de experiencia, que se ha caracterizado por colaborar “con total disposición” con las autoridades para resolver cualquier incidente.

“El personal del establecimiento no actúa en ningún momento de manera agresiva ni contra las leyes; por el contrario, estamos siempre comprometidos por cuidar (SIC) la integridad de nuestros clientes en un plano de respeto mutuo y en cumplimiento de las obligaciones que cada uno adquiere al prestar y recibir el servicio que ofrece el negocio”.

Agrega que ya han entregado a las autoridades pruebas fehacientes de los hechos y dejan que ellas den respuestas, que “está de más decir que estamos y estaremos al pendiente de la recuperación de quien se vio afectado en su salud en este incidente”, y se despiden lamentando los hechos ocurridos, ajenos a su voluntad; que operan con regularidad y al servicio de su principal objetivo: sus clientes.

Por su parte, el Poder Judicial de Yucatán dio a conocer que la detención de las dos personas en un bar por este asunto fue ratificada como legal por la autoridad judicial, además de que ambas personas escucharon la imputación de dicho delito en una audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).

El juez de Control del I Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, también determinó en la audiencia la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva para ambos detenidos, quienes estuvieron asistidos por tres defensores particulares.

El juez determinó ratificar de legal la detención y de que se procedió a la imputación de los hechos, los tres fiscales investigadores que llevan el caso solicitaron al juez llevar a cabo la audiencia de vinculación, pero acogiéndose a las prerrogativas de ley los imputados solicitaron que ésta se realice en el plazo constitucional de 72 horas, por lo que el juez fijó fecha para la audiencia de vinculación el 20 de abril a las 18 horas.— Ernesto Pinzón Franco

De acuerdo con lo establecido por los fiscales en la audiencia, el 16 de abril del a las 2:30 horas, el denunciante se encontraba en el bar “+D30″, en el norte de esta ciudad, cuando por problemas con la cuenta fue sacado de dicho establecimiento por personal de seguridad, momento en el que fue golpeado por estos elementos, quienes fueron reconocidos por la víctima y detenidos momentos después de los hechos.