EFE

La alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, dijo ayer en la primera sesión del juicio que se sigue contra ella y otros cuatro acusados por no clausurar un bar con exceso de ruidos que se enteró del problema cuando fue llamada por el Juzgado al iniciarse esta causa. Durante el desarrollo de la vista, que se sigue ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, su antecesor en el cargo y también acusado, Juan Guillén, reconoció su firma en el decreto que acordó el cierre del local ‘El Escondite’ -que no se llegó a ejecutar-, aunque añadió que «no fue consciente» de su contenido.

Esta primera sesión arrancó con la declaración de Toledo, quien insistió en varias ocasiones en que ella, como alcaldesa, no puede hacer frente a todas las tareas municipales, por lo que muchas de ellas las delega en los concejales. Así, comentó, las relacionadas con el funcionamiento de los establecimientos de la localidad y las posibles quejas vecinales corresponden a la concejalía de Interior.

Expuso en otro momento de su declaración que el Ayuntamiento solo cuenta con cinco funcionarios, por lo que todos tienen que hacer un poco de todo y que, además, ninguno de los concejales está liberado. A instancias del fiscal -José Luis Díaz Manzanera-, se le exhibieron los numerosos escritos dirigidos a ella como alcaldesa por el vecino del bar que denunció con frecuencia el exceso de ruidos y que el mismo carecía de licencia, pero respondió que no tenía constancia de ellos. Aseguró que cuantos escritos se entregan en el consistorio van dirigidos a ella, pero que no todos se le entregan, sino que se hace en las áreas a la que afectan.

También explicó que si pese a las denuncias presentadas por la propia policía local recogiendo las quejas contra el establecimiento no se abrieron expedientes es porque en las mismas no se le proponía que se acordara esa medida.

A preguntas de su abogado defensor, Emilio Díez de Revenga, manifestó que «jamás adopté resolución injusta alguna a sabiendas, y desde que soy alcaldesa nunca he decidido nada en contra de ningún vecino de Pliego».

La vista oral, cuya primera sesión finalizaba ayer con la declaración del aparejador municipal, Antonio Botía, continuará el próximo lunes con el interrogatorio de los igualmente acusados José Carlos Melero y Francisco Belijar, propietarios del pub.

La fiscalía solicita para Toledo, Guillén y Botía, por un delito de prevaricación, tres años de cárcel, 24 meses de multa a razón de 10 euros día y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.

Para los otros dos acusados pide cinco años y un día de prisión y 24 meses y un día de multa, con una cuota diaria de seis euros, y tres años y un día de inhabilitación especial para la actividad de bar musical, por un delito contra el medio ambiente en concurso con otro de lesiones. Además solicita el cierre del local y una indemnización para el perjudicado de 40.000 euros por los daños morales sufridos por la emisión continuada de ruidos y vibraciones en su vivienda.