La Audiencia de Zaragoza juzgó ayer por estafa a Antonio Langarita y a su hija Gabriela, quienes contactaron por anuncios en internet o periódicos durante los años 2011 y 2012 con personas que querían montar negocios de hostelería y de esta manera poder conseguir un empleo. 

La fiscal pidió la pena de cinco años de prisión a cada uno, una multa de diez meses con una cuota diaria de ocho euros y la responsabilidad civil de devolver a los cinco afectados 93.000 euros. 

Antonio Langarita, un acusado que tiene antecedentes por delitos similares y causas pendientes en Logroño y San Sebastián por montar pastelerías y sidrerías, argumentó que quería montar un bar para su hija, Gabriela, que trabajaba en la hostelería. “Mi hija se metió en este ‘fregao’ porque iba a ser muy bueno para ella”, explicó. Langarita aseguró que después de firmar contratos de participación con los interesados en el negocio y recibir el dinero en la cuenta corriente de su hija, lo invirtieron en la reformardel local de un bar situado en la calle de Juan José Lorente, hasta que le concedieran la licencia de actividad porque era una zona saturada. Gabriela, la hija, se escudó en que se fiaba de todo lo que hizo su padre, firmaba todos los contratos porque tenía una nómina y se desentendía de todo lo demás.   

Pero los afectados declararon que los acusados no tenían intención de cumplir con lo pactado y los contratos era una manera de revestir de apariencia legalidad el negocio y quedarse con el dinero.

Agustín Pérez, uno de los afectados, declaró por vídeoconferencia que estaba buscando trabajo y había contactado con Langarita. “No tenía nada más y les entregué 11.000 euros, pero su único plan era estafarnos”, explicó. Al percatarse del engaño, agregó que quiso resolver el contrato que había firmado enviándoles un burofax por incumplimiento y les exigió el dinero, pero no lo logró.

“Ayudas anticrisis”

En esta misma línea contó Raúl García, que estaba en desempleo, y se reunió con el acusado al ver el anuncio de una página web con el reclamo de “Oportunidades de negocio en Zaragoza, busco socio trabajador y de participación en negocio como socio, ofreciendo contrato y participación en beneficios”. Detalló que se presentaba como titular de una asesoría y en su oficina se leía el eslogan ‘Ayudas anticrisis’. “De los 20.000 euros que les entregué tras firmar el contrato no he visto ni uno”, indicó. 

Idoya Pradel rompió a llorar en el juicio al recordar que no solo perdió los 25.000 euros para el negocio sino que dejó su trabajo por el del bar de la calle Lorente que nunca llegó. A otra pareja, que pagó 35.000 euros, le propusieron un bar en la calle de Campoamor . 

Las acusaciones, ejercidas por Antonio Puertas  y Jesús Sánchez, reclamaron de cuatro a seis años de prisión a cada uno. Las defensas de Carmen Sánchez y Laura Vela pidieron libre absolución y un año como alternativa.