«¡No me dejan ganarme la vida!». Juan José Rincón Fernández, de 29 años, padre de un niño y una niña, denuncia que lleva un año de gestiones para que el Ayuntamiento le conceda la licencia de cocina que necesita para hacer rentable su bar con una freidora, una plancha y una campana. Todo se ha vuelto a atrasar porque la técnico del Servicio de Protección del Medio Ambiente de la Gerencia Municipal de Urbanismo que debe aprobarla está de vacaciones.

Enseña pilas de documentos en su bar El Espabilao, en la calle Pinzones 36 de Sevilla, en el Fontanal. Son las dos de la tarde de un sábado de agosto. Ni un cliente. Él culpa de esta decadencia a las denuncias del vecino de arriba y las sanciones y «trabas» del Ayuntamiento por irregularidades menores que él está regularizando una a una, mientras lamenta que hay cientos de bares que cometen iguales o peores infracciones sin que nadie les aplique la misma severidad legal que a él.

Cuenta que en 2012 alquiló el bar, entonces Taberna Las Botas, con licencia anterior como bar cafetería sin cocina y sin música. El 15 de marzo de ese año acudió el inspector municipal 315 tras una nueva denuncia del vecino. Le cerraron el bar una semana, y otra en 2013 por reincidente. Le pusieron entonces tres multas de mil euros, que dice que no paga porque apenas tiene para vivir.

Son mil euros de multa por el televisor con el que atraía clientes los días de fútbol (con el Canal + de bares pagado, aclara él), aparato que resulta que era ilegal en virtud de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Lepara) porque no estaba contemplado en el proyecto técnico de concesión de licencia de apertura. Mil euros más por tener una «cocina con plancha con salida de evacuación mediante tubo interior» no autorizada por la licencia de apertura. Y otros mil euros por su aire acondicionado en la fachada «incumpliendo el PGOU».

El tabernero señala que ni existe tubo interior de evacuación de humos ni el aire acondicionado es ilegal pues está perfectamente encastrado según las medidas legales. Matices aparte, dice que decidió regularizar absolutamente su bar, con el apoyo de la dueña del local, a la que debe un año de alquiler. Pagó la tasa por el toldo y el luminoso que el dueño anterior no regularizó. Pagó el derecho para poner dos veladores con dos mesas y cinco sillas. Quitó un futbolín y descolgó el televisor de la pared, que espera colgar de nuevo pronto al amparo de la nueva ordenanza municipal sobre ruido. Y su mujer, titular del bar, presentó el 5 de septiembre de 2013 en Urbanismo el proyecto solicitando licencia de obra mayor para una cocina, que está supeditada a la calificación positiva de Medio Ambiente. Este organismo respondió casi siete meses después, el 25 de marzo de 2014. Fue una negativa, basada en que el vecino denunciaba ruidos por actuaciones, que no habían presentado proyecto de instalación de gas, que la salida de humos no podía ser por fachada o que la cocina proyectada excedía la superficie máxima.

Replicaron desde El Espabilao el 14 de mayo alegando que la cocina no rebasa lo legal, que la salida de humos debe ser por fachada como hacen otros negocios vecinos por no haber sitio en la cubierta, que su cocina no sería de gas sino eléctrica y que allí no hay ni hubo conciertos («que lo demuestren», reta). Sobre el ruido, tras otra denuncia del vecino recibió en febrero una inspección de la Junta de Andalucía (enseña el informe) que certificó que no excede el límite, quedándose justo en él, 58 decibelios. Destaca Rincón que hay un techo falso, otro acústico y un forjado. «El 29 de junio entraron a robarme y taladraron la máquina del tabaco. Eso no lo oyó nadie», ironiza.

Pasaron dos meses hasta que el 18 de julio la técnico de Medio Ambiente contestó a sus alegaciones, que no valoró. Rechazaba el escrito por un supuesto defecto de forma:la firma del arquitecto técnico era escaneada y el texto no estaba visado por el Colegio de Arquitectos (sí lo está el proyecto). Dice que su arquitecto técnico se indignó por la desconfianza municipal. aunque entregará otra vez las alegaciones, visadas. «Pero que no me hagan esperar dos meses más. Que se lean el proyecto. Me paran todo y no puedo trabajar», protesta.

El gobierno local del PP presume de estimular el empleo agilizando los trámites a los pequeños empresarios, como con la apertura por declaración responsable de un negocio, que se inspecciona luego. Pero denuncia que con él no ha sido así. Se queja de lentitud, objeciones infundadas y discriminación, debido a que los inspectores no intervienen de oficio contra otros infractores. Un camarero suyo que perdió el trabajo por la reducción de la clientela tras la retirada del televisor denunció el 15 de mayo en Urbanismo (el hostelero entrega copia sellada) a 77 bares de Miraflores y Carretera de Carmona que usan televisores, y pidió que actuara también contra ellos. No pasó nada. «En Urbanismo dicen que la denuncia no está».

Dice que por las deudas ha tenido que entregar al banco una vivienda y vender la cadena de oro de su comunión. Ahora, a la espera de la licencia de cocina, pide al Ayuntamiento celeridad, que le exija cumplir la ley pero no más, e igualdad. «Si me obligan a mí, que obliguen a todo el mundo». Otros no tenían un vecino que llamara a la Policía Local.