I. Moure

El pleno del ayuntamiento de Calvià, con los únicos votos favorables del PP y el rechazo del PSOE, aprobó ayer de forma definitiva la ordenanza que regula las excursiones etílicas protagonizadas por grupos organizados que van de bar en bar consumiendo bebidas alcohólicas, lo que en su acepción inglesa se conoce como pub crawling.

Respecto al texto inicialmente aprobado se han realizado dos modificaciones, como consecuencia de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Bares, Restaurantes y Servicios de Calvià. Así, se establece que los grupos no podrán superar las 50 personas y que el seguro de responsabilidad civil que cubra la realización de la actividad tenga un capital mínimo de 300.000 euros.

Durante el debate político, el alcalde Manu Onieva (PP) sostuvo que esta regulación era ampliamente demandada por el sector del ocio. “Había que tomar cartas en el asunto”, subrayó el edil popular, quien destacó que se trata de una ordenanza pionera en el conjunto del Estado.

La primera teniente de alcalde, Cristina Tugores (PP), señaló, por su parte, que el objetivo de la regulación es “ponerle cara al organizador” de rutas de pub crawling, una modalidad de ocio que empezó a generalizarse en el municipio en la década de los noventa y que ha ido proliferando en consonancia con la masificación del destino turístico.

Tugores reconoció que, como ordenanza pionera, la normativa puede ser objeto de mejoras a medida que se vaya aplicando. “Nos han llamado ya desde otros ayuntamientos de España para interesarse por la ordenanza”, manifestó la primera teniente de alcalde.

La oposición socialista votó en contra de la aprobación definitiva de esta norma. Su portavoz, Alfonso Rodríguez Badal, recordó que una de sus alegaciones, que no fue aceptada, abogaba por la no regulación de este tipo de excursiones etílicas. “No es bueno para la zona que se dé carta de naturaleza a esta actividad”, manifestó Rodríguez Badal.

Consideró que la regulación es “poco efectiva” y dijo que quedan detalles por perfilar en la ordenanza. “No se dice nada sobre el número máximo de bares que se pueden visitar ni sobre qué pasa si los organizadores ponen un bus para llevarse a gente de una zona a otra”, indicó.
Rodríguez Badal, además, consideró que las sanciones contempladas no son proporcionales al beneficio económico que pueden lograr los organizadores. Las multas pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.