La discusión en el Concejo sobre una excepción al Código Urbano pasó a segundo plano, relegada por el interés que prendió entre los ediles saber quiénes están detrás del proyecto para abrir un Hard Rock Café en Rosario. Los concejales de la comisión de Planeamiento acordaron ayer presentar sobre tablas un pedido de informes al Ejecutivo en la sesión de este jueves para conocer el origen de los capitales que pretenden establecer en la esquina de bulevar Oroño y Rivadavia un bar temático bajo franquicia de la famosa marca internacional. Es que en el proyecto participa, como dueña de la franquicia de Hard Rock Café en el país, la sociedad anónima Hope Funds. Esta compañía fue denunciada en enero pasado ante la Justicia Federal por el fiscal general de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella, ante la detección de que recibió sumas millonarias de dinero por afuera del sistema bancario y de parte de personas que no acreditan ingresos legítimos ni capacidad económica como para tanto.
Como el asunto prendió fuerte, la intendenta Mónica Fein dispuso que las áreas correspondientes adelanten el pedido de información sobre los inversores para trasladarla al Concejo y a la Unidad de Información Financiera (UIF), con la que el municipio mantiene un convenio.
La comisión de Planeamiento se reunió ayer para definir si despachaba o no el pedido de excepción para que el bar utilice la retiración obligatoria que impone el Código para los frentistas de Oroño. Es un permiso similar al que pidió y obtuvo el bar Rock Feller, a tres cuadras de allí. Pero eso quedó pendiente cuando la concejala Lorena Giménez puso sobre la mesa la denuncia de la Procelac contra la licenciataria de la franquicia, lo que Rosario/12 publicó en su edición del sábado. La edila del PPS promovió “la necesidad de conocer el origen de los fondos de la firma” y requirió “sobre la relación de la propietaria del terreno con la franquicia”, en alusión a una familia de empresarios que posee el inmueble donde hasta hace cinco años funcionó el restaurante Cuernavaca. El titular de la comisión, Osvaldo Miatello apoyó esa moción y coincidió en promover “un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para recabar mayor información, a partir de los acuerdos que la Municipalidad tiene con la UIF”.
Detrás del inversor. A la reunión se acercó un abogado que dijo representar al grupo inversor, pero no lo dejaron ingresar y sólo le aceptaron unos documentos que traía consigo. Según esa presentación, en el emprendimiento no participa Hope Fund sino HRC Rosario SA, cuyo objeto social es “la explotación comercial de franquicias de restaurantes temáticos”, entre otros rubros afines a la gastronomía. Esa empresa declaró en su constitución de agosto de 2014 un capital social de 180 mil pesos, integrada por Guillermo Müller, Carlos García Beltrame, Emilio Lucini y Tomás Collins. El primero declara domicilio en Buenos Aires, y el segundo es un reconocido abogado rosarino. La inversión proyectada para el bar en Pichincha se estima en alrededor de dos millones de dólares.
Pero en el Boletín Oficial Nº 32.867, del 16 de abril de 2014, se publicó la constitución de HRC Rosario SA, integrada por las sociedades anónimas Hpe Entertainment, con domicilio en el partido bonaerense de Pilar, y Hope Funds Holding, del partido de San Fernando. Ambas sociedades son controladas por Enrique Blaskey Señorans. El capital inicial declarado entonces fue 100.000 pesos.
Negocios y contactos. Hope Funds, en la mira de Procelac por presunto lavado de dinero y evasión impositiva, encaró negocios como la propia compra de la franquicia Hard Rock Café en 7 millones de dólares, parte del shopping Buenos Aires Design, contratos con la familia de Lionel Messi, trajo al velocista africano Usaín Bolt a correr contra el Metrobús de Mauricio Macri, al tenista Roger Federer para una exhibición, la explotación del reducto tanguero Esquina Carlos Gardel y el merchandising de Boca Juniors, entre otros. En la prensa porteña se lo vincula en amistad con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal de la causa Amia Alberto Nisman. El fiscal Gonella, en su denuncia, reseñó que Hope Funds recibió $8,5 millones de “clientes que no presentan capacidad económica suficiente y habrían ingresado al régimen jubilatorio coincidentemente en 2011”. Agregó que también acreditó “aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular” y que un tal “Manuel Vilar, pese a no contar con ingresos legítimos, habría entregado $17,45 millones en un solo acto y efectivo”.
Todos esos detalles condimentaron las conversaciones de pasillo ayer en el Concejo. Pero el edil del PRO, Alejandro Roselló, vicepresidente de la comisión, pidió prudencia y “no estigmatizar a un grupo que quiere venir a invertir. Pongamos un freno, estamos demonizándolo. Hay que sacar todas las dudas, lo importante es que venga toda la información”, dijo.
El Ejecutivo, en tanto, reaccionó ante la bola que empezó a crecer en el Palacio Vasallo. “Hoy (por ayer) la intendenta pidió que se requiera toda la información en el paso previo a la habilitación, que se le requiera al momento de pedir el permiso de obra. Apenas suceda eso se elevará al Concejo, a Subsecretaría de Delitos Económicos de la provincia y a la UIF, para cumplir con la normativa vigente”, explicó a este diario el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado.