Los regidores Paciano Calva, Martha García y Francisco Vilchis, así como el síndico jurídico José Luis Rodríguez Higareda presentaron pruebas sobre cómo la actual administración de Tula de Allende ha otorgado licencias de bares a funcionarios municipales.

Los asambleístas exhibieron una licencia de funcionamiento para un bar con número de folio 2073 a nombre del comunicador social de la alcaldía, Fernando Alfonso Ávila Hernández, lo que consideraron como un tráfico de influencias, “sólo le cobran al burócrata un total de 2 mil 500 pesos cuando se sabe que un permiso de tales características está en más de 100 mil pesos, eso no se vale, no está bien”.

Además agregaron que ya existe un oficio del director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji (UTTT), Víctor Alberto Sánchez Novelo, dirigido al alcalde de Tula Jaime Allende González, donde se le pide el cierre inmediato del giro rojo, propiedad del comunicador.

Debido al convenio de colaboración de Prevención del Delito que se firmó entre el ayuntamiento tulense y la casa de estudios en noviembre de 2013, así como para no acercar riesgos a la comunidad estudiantil ni a la población aledaña al lugar, ubicado sobre la carretera Tula – Tepeji en la colonia Nueva Santa María.

En días recientes el edil Allende González, negó tajante y categórico que durante su gestión se hubiese expedido tan siquiera una licencia de funcionamiento para bares o cantinas, declaración que dijeron los asambleístas de izquierda “es una mentira”.