El restaurante Caroba, situado en la calle Dulzainero Ángel Velasco, vía que une la plaza de Coca con San Lorenzo, ha llevado al Ayuntamiento de Valladolid a los tribunales después de que, en junio de 2013, el Consistorio revocara la licencia que le otorgó para instalar una terraza fija y anclada. Los propietarios del establecimiento solicitan una indemnización cercana a los 40.0000 euros en la que se incluye el coste de la estructura, los daños y perjuicios ocasionados por el montaje, desmontaje y paralización de la actividad, así como los gastos de almacenamiento de la instalación, según informaron fuentes del caso.
El Ayuntamiento ya ha dado orden de remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid el expediente de este velador, que tenía una superficie de 27 metros cuadrados y se había anclado a esta vía en pendiente con un complejo sistema de bancales. La orden de la Gerencia de la Concejalía de Urbanismo para mandar la documentación completa fue publicada el pasado 25 de marzo en Boletín Oficial de la Provincia. Los propietarios del Caroba consiguieron la licencia después de dos años de trámites con el Consistorio y tras haber aplicado todas las correcciones que los técnicos del área les fueron dando en ese tiempo, algunas de ellas especialmente exigentes por tratarse de una terraza en cuesta. El caso del Caroba creó una importante polémica, hasta el punto de que el propio alcalde ordenó la paralización de autorizaciones para instalar veladores fijos en la vía pública tras un pleno municipal.
Por el interés general
Según argumentó entonces el equipo de gobierno, la instalación había provocado quejas de la comunidad de vecinos, del local contiguo al propio establecimiento, de otros bares y del Gabinete de Movilidad, unas denuncias de las que los propietarios no llegaron a tener constancia. Al ser una vía estrecha, corta y en cuesta –consideraba el Ayuntamiento– quedaba transformada «en una especie de estación de metro» que impedía la movilidad en esta calle peatonal.
En este pleito, el Consistorio esgrime el artículo 2.3 de la ordenanza, que establece que «las autorizaciones se concederán sin perjuicio de terceros y serán esencialmente revocables por razones imperiosas de interés general». Fuentes cercanas a la propiedad subrayan que ese aspecto no se tuvo en cuenta durante la larga tramitación del proyecto. El incidente abocó a poner en marcha una revisión de la ordenanza de terrazas, que todavía está elaborándose. Los hosteleros ya han solicitado el borrador de la norma y han reclamado criterios claros que eviten la anarquía en estas instalaciones de calle. De momento, se sabe que los veladores fijos pagarán una tasa más elevada por ocupación continua de la vía pública.