La Prensa / 29/06/2014 − Una sociedad anónima (S.A.) integrada por empresarios españoles administra el bar que está en la Casa del Soldado, un inmueble histórico en el Casco Antiguo que fue cedido por Panamá a ese país europeo con el fin de “promover la cultura”.

El acuerdo de cesión del edificio en San Felipe fue firmado el 28 de mayo de 2009 entre los gobiernos de Panamá y España, y en ninguna parte del documento hacía referencia a la creación de alguna sociedad anónima representada por terceros o empresarios españoles para llevar a cabo actividades comerciales allí.

De hecho, el convenio establecía en una de sus cláusulas que “todos los gastos administrativos, nombramientos del personal y directivos, agenda de actividades, así como la seguridad privada del centro serán de exclusiva competencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)”.

No obstante, el aviso de operación que otorgó el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para el funcionamiento del bar tiene como razón social Casa del Soldado, S.A., nombre que aparece en todos los recibos de compra que entregan a los clientes que consumen bebidas alcohólicas en el local.

Los dignatarios de esa sociedad anónima no son funcionarios del Gobierno español ni diplomáticos de la Embajada de España en Panamá. Son comerciantes y representantes privados de una empresa española conocida como Inmobiliaria Interplus Panamá, S.A.

Esto llama la atención tomando en cuenta que el embajador de España, Jesús Silva Fernández, respondió a este medio que “el centro cultural está bajo la responsabilidad directa de la Embajada de España en Panamá, entidad que representa a la Aecid”. Eso también incluía el centro de expendio de bebidas alcohólicas.

Casa del Soldado, S.A. fue inscrita en el Registro Público el 19 de noviembre de 2013 y obtuvo el permiso de operación en el Mici el 24 de enero de 2014. En ambos procesos quien aparece como el responsable es el empresario de origen español, Rafael Liarte Company.

Dentro de la sociedad anónima, Liarte ocupa el cargo de presidente, mientras que el tesorero es Manuel Luque Morales y el secretario, Enric González.

Todas estas personas tienen tres cosas en común: son españoles, empresarios y dignatarios de Interplus Panamá, S.A., una empresa inmobiliaria registrada en el país desde el año 2007.

En ningún lado de la sociedad anónima Casa del Soldado, S.A. aparece el nombre del embajador de España en Panamá o de algún otro funcionario del recinto diplomático. Incluso, el agente residente de la Casa del Soldado, S.A. fue el mismo que inscribió Interplus S.A. en el Registro Público.

ACTIVIDAD LUCRATIVA

Pese a que el acuerdo firmado entre Panamá y España no hablaba sobre actividades comerciales o con fines de lucro, hay documentos en el Registro Público que certifican que Casa del Soldado S.A. llevará a cabo negocios de todo tipo.

En ese sentido, la escritura pública de esa sociedad anónima manifiesta que su domicilio está en la “ciudad de Panamá, pero la misma podrá obtener y operar sucursales, agencias, oficinas o establecimientos en cualquier parte dentro y fuera de la República de Panamá”.

Sobre los fines y objetos de la misma señala varios como: “gestionar y realizar negocios de inversiones, comerciales, mercantiles e industriales de toda clase y cualesquiera otros de lícito comercio a nivel nacional o internacional”.

También indica la escritura de la sociedad que puede dedicarse a actividades de financiamiento en general, comprar, vender, arrendar, administrar, comerciar, invertir o con toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores así como realizar cualquier otro comercio o negocio que pueda llevarse a cabo ventajosamente.

Además, plantea el documento que Casa del Soldado, S.A. puede representar o actuar en nombre de casas nacionales o extranjeras para la comercialización de todo tipo de producto, acciones bonos o valores.

“Se podrá importar, exportar, reexportar, vender al por menor y al por mayor o en cualquier otra forma de negociar con productos, enseres, mercancías, artículos materiales, bienes muebles e inmuebles de toda clase y descripción”, concluye el documento sobre los fines de esa sociedad anónima.

Estos objetivos contrastan con los plasmados en el acuerdo de 2009 firmado entre el Gobierno panameño y el español.

Precisamente dicho convenio tenía dos objetivos específicos: ofrecer un espacio y una infraestructura adecuada para desarrollar y ejecutar programas de intercambio y cooperación cultural entre España y Panamá y el segundo era promover actividades culturales y de formación, favoreciendo la organización de proyectos en el país, para lo cual se llevará a cabo la intervención y la adaptación necesarias.

El excanciller, Samuel Lewis Navarro, quien firmó el contrato, rechazó que exista un bar en una parte del inmueble histórico conocido popularmente como la Casa del Soldado.

Su nombre obedece a que en los años 30 fue cedido a una asociación de sobrevivientes de la gesta de separación de Colombia en 1903, conocidos como “Soldados de la Independencia”.

“Nunca se mencionó o se contempló el establecimiento de actividades comerciales ni mucho menos un bar”, subrayó el exfuncionario.

Igualmente, indicó que interpretar un acuerdo entre dos países en función de qué actividades no están prohibidas “está fuera del contexto de cooperación que el convenio conlleva”.

A pesar de las declaraciones de Lewis Navarro, en el aviso de operación del Mici aparece que la actividad comercial para la que se da el permiso a Casa del Soldado S.A. es “organización de eventos y actividades asociadas” y el capital invertido fue por un monto de $10 mil.

EMBAJADOR Y EMPRESA

Tanto al embajador de España en Panamá, Jesús Silva Fernández, como a Rafael Liarte, quien es el presidente de Casa del Soldado, S.A., admitieron su relación con la sociedad anónima, la cual maneja los fondos que recibe el bar y desarrolla las labores administrativas del mismo.

A Liarte se le consultó sobre el tema, pero se limitó a decir que aunque es “presidente de Casa Del Soldado, S.A.”, cualquier duda sobre el centro cultural había que dirigirse a la Embajada del reino de España.

Este empresario europeo es dignatario también de Interplus Panamá, S.A., empresa española que se dedica al sector de la promoción y gestión inmobiliaria en el ámbito internacional.

Precisamente la Embajada de España llevó a cabo este año un torneo de golf en abril denominado “Copa Embajador de España”, en el que se vio a Liarte cerca de Silva (ver foto).

Por su parte, el diplomático indicó que el servicio de restauración de la Casa del Soldado no se gestiona directamente por la entidad responsable del centro cultural, que en este caso es la Embajada de España.

Por lo que dijo que esa labor se la encomendaron a una sociedad independiente, legalmente registrada, responsable de la administración cotidiana del bar y de efectuar todos los pagos de planillas, impuestos, etc.

Según Silva, en este caso fue seleccionada, entre otras alternativas, la sociedad “Casa del Soldado, S.A.”, que actúa como concesionaria, bajo la dirección de la Embajada de España en Panamá.

Sobre el porqué particulares o empresarios españoles manejan un local dentro de un edificio estatal que fue cedido a España sin fines de lucro dijo: “Sus accionistas son unos empresarios españoles afincados en Panamá, con una larga trayectoria de inversión en el país, que han querido apoyar este proyecto de cooperación cultural hispano−panameña y han efectuado para este fin una inversión en equipamiento y decoración de $100 mil”.

Por otra parte, resaltó que el centro cultural se limita a recibir de la sociedad los beneficios netos obtenidos, los cuales se destinan íntegramente a financiar y mejorar la oferta cultural, que es de entrada libre y gratuita, y está al servicio de toda la comunidad panameña.

“El centro cultural no tiene fin de lucro y todos sus ingresos por patrocinios (incluidos los del bar) los destina a sus actividades culturales”, reiteró Silva, quien agregó que los ingresos son imprescindibles para mantener la oferta cultural gratuita de la Casa del Soldado.

Además, resaltó que el Gobierno español financió la obra del edificio, que estaba en ruinas, y aporta anualmente fondos para pagar una parte de la actividad. “Los demás gastos se obtienen por patrocinios, como el de servicio de bar, una práctica habitual en los centros culturales de España en ciudades como Santiago de Chile, Montevideo, Managua o México, entre otros”, acotó el embajador europeo.

QUIEREN INVESTIGACIÓN

La Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac) evalúa sancionar a la Embajada de España por no cumplir con los planos que presentaron a la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos para restaurar el edificio histórico, ya que nunca se contempló un espacio para bar u otra actividad comercial.

Sandra Cerrud, directora de Patrimonio Histórico, indicó que además de violar lo establecido en los planos también es incongruente crear una sociedad anónima para dirigir este bar con dignatarios privados.

“En caso tal debiera ser el embajador de España el titular o representante de la sociedad, y no empresarios o particulares”, aportó.

A raíz de ello, Cerrud informó de que la próxima semana enviarán una nota a la Embajada de España solicitando el cese de la actividad comercial de bar y la música, sin fines culturales.

Por su parte, la exdirectora del Inac Ana Elena Porras dijo sentirse “decepcionada” por lo que está haciendo el Gobierno español con este inmueble histórico.

“Si ellos están lucrando con ese bar entonces, cuál sería el aporte del Gobierno español en este acuerdo con Panamá. La idea era que los españoles también cooperaran de alguna manera. Si ese es un mecanismo de autogestión entonces le hubiese resultado mejor al Estado panameño colocar el bar allí”, agregó la activista.

Igualmente solicitó al próximo gobierno una auditoría en este tema. “No creo que en Madrid nos hubiesen dejado hacer esto”, agregó.

En tanto, Fernando Díaz Jaramillo, dirigente de la Alianza Pro Ciudad, y Gilberto Gutiérrez, presidente de la Asociación de Moradores del Casco Antiguo, consideran que se debe abrir una investigación de “malversación de fondos”, pues se está utilizando un edificio estatal para la actividad comercial de una sociedad anónima que está compuesta por empresarios “ajenos” al acuerdo firmado entre Panamá y España.

Con Información de La Prensa