El silencio de El País en los casos de presos políticos en España: Carlos y Carmen
12 junio 2014 – 18:35
El despido es la eterna amenaza que pende sobre la cabeza de un trabajador que ejerce su derecho a la huelga cuando lucha contra las reformas laborales que recortan nuestros derechos. O eso creíamos. Una nueva modalidad de represión sustituye en estos días de sometimiento por-la-fuerza al despido, y no es otra que la cárcel como castigo ejemplar.
Durante la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, uno más de muchos piquetes recorrió las calles de Granada para informar a las personas que habían acudido a trabajar sobre las razones de la Huelga General y para pedir a los comercios que cerraran en solidaridad con quienes ven sus derechos mermados.
La identificación policial aleatoria de Carlos y Carmen en un piquete a la salida del granadino bar “La Champangería” (C/Martínez Campos) los ha llevado a prisión en un lapso de poco más de dos años. A tres años y un día de cárcel además de a una multa de 3.655 euros. Dicho local no cerró sus puertas, y según testigos, en su interior no hubo amenazas ni actitudes violentas. Tampoco se impidió el trabajo a ningún empleado mientras el piquete permaneció allí. No se realizó atestado alguno sobre posibles daños tras la denuncia de la propietaria, y a pesar de ello, el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”.
La condena del juez por un “delito contra el derecho de los trabajadores” se basó única y exclusivamente en el testimonio de la dueña del bar, y el recurso interpuesto por los abogados de Carlos y Carmen ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Granada por “carecer de fundamentos jurídicos suficientes como para que los absuelvan”.
“La idea era llegar y presionar un poco para que la dueña cerrara el bar, y, si no, pues irnos, con carácter pacífico”, explicó Carlos al periódico Diagonal. “A nosotros se nos acusa de amenazas y coacciones, el juez consideró como amenaza proactiva la frase que coreamos en el piquete, ‘chapa y se acaba’, por haberla hecho en grupo, cuando era un piquete informativo totalmente legal, y del 15M, que todo el mundo sabe que tiene carácter pacífico”. Y concluía: “Todo esto tiene que ver con la campaña que se está llevando de criminalización de los movimientos sociales, con los otros casos que están produciendo en todos los rincones del Estado. Claramente es un aviso de lo que nos viene, una estrategia para implantar la ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Están ahora mismo intentando justificar todo esto, políticamente está bastante claro que hay un interés”.
El de Carlos y Carmen no es un caso aislado. En lo que va de año hay más de 40 procesos penales abiertos contra personas por participar en huelgas, sumando un total de más de 140 años de cárcel las peticiones de pena de la fiscalía. Sonados han sido los casos de Ana y Tamara por estar en un grupo donde se dio un empujón y se tiró pintura a una piscina, de Serafín y Carlos en Galicia, de Koldo en La Rioja o de Isma y Miguel por las marchas del 22 de marzo.
El duro e inflexible castigo contra las protestas ciudadanas, cimentado sobre sentencias ejemplares y sin fianza (el caso de Isma y Miguel es paradigmático, ambos en prisión preventiva) contrasta con la mano tonta de la justicia frente a casos de corrupción como el de Rafael Blasco, condenado a 8 años de cárcel por desviar 1.6 millones de euros destinados a ayudas a países empobrecidos, prisión que eludirá si paga una fianza de 200.000 euros…. Sin mencionar la larga lista de indultos que incluyen a banqueros, alcaldes y altos cargos condenados por corrupción y hasta policías condenados por torturas.
La guinda sobre el hedihondo pastel del régimen monárquico la colocan los medios de comunicación, esta vez con el silencio. A día de hoy, se mantiene la inaudita censura contra Carlos y Carmen en el diario El País, entre otros muchos. El diario global en español calla como lo hizo con Isma y Miguel, tanto en las informaciones relativas a las numerosas movilizaciones por su libertad, a la autoinculpación de 150 personas, al apoyo de 60 colectivos políticos, sindicales, culturales y científicos y personalidades diversas… calla en el día en que se decreta el ingreso a prisión de los dos activistas y sigue callando hoy. Demasiado entusiasmo con el apoyo de PP-PSOE-UPyD-UPN-Foro Asturias a la monarquía para destacar un “85% de respaldo de la Cámara” sin añadir la distancia abismal entre esos representantes y el 62% de representados que pide votar en referéndum.
Fotografía: EDUARDO PÉREZ CORTÉS – Diagonal.
